La Junta andaluza "empareda" a un funcionario díscolo

Teodoro Montes era un funcionario que no aceptaba ilegalidades así que lo aislaron y le construyeron un tabique para incomunicarlo.

Pedro de Tena 24-04-2012

En Andalucía hay una larga tradición de "emparedamientos", sobre todo el voluntario de mujeres religiosas, encerradas de por vida, si bien según el historiador Carlos Álvarez, en el sur este procedimiento era más liviano que en Castilla donde adquiría carácter penitencial severo. El emparedamiento criminal fue destacado, entre otros, por E.A. Poe en su cuento El gato negro.

Pero hay otra clase de emparedamiento, más bien un entabicado, que ha sido puesto de relieve por la Junta de Andalucía y su gobierno socialista. Teodoro Montes era un funcionario que no aceptaba ilegalidades así que lo aislaron y le construyeron un tabique para incomunicarlo. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al funcionario y ha condenado a la Junta. Teodoro Montes era el jefe de Servicio de Gestión de los fondos de formación y estorbaba los planes de la Junta.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha dado la razón a Teodoro Montes Pérez y ha ratificado definitivamente que efectivamente este funcionario de 63 años, con 42 al servicio de la Administración, ha sufrido "conductas de acoso y hostigamiento" por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y que tales actuaciones deben cesar inmediatamente. Al mismo tiempo, el fallo, siendo firme, condena a la Consejería de Empleo de la Junta a reponer a Montes Pérez en su puesto de Jefe del Servicio de Gestión de FPO, asignándole las funciones propias del mismo.

La sentencia es categórica y aclara que el funcionario ha soportado un auténtico calvario, impidiéndole cualquier ejercicio de funciones, colocándolo en un despacho que era un antiguo archivo, aislándolo físicamente del personal técnico y del resto de la oficina, proporcionándole un ordenador sin las claves para poder trabajar con él e incluso incoándole un expediente para su traslado forzoso, con el fin de que se marchase de su actual destino. Una de las maneras de aislarlo fue construirle un tabique que trata de impedir su relación con otros funcionarios.

Esta actitud de la Junta de Andalucía es intolerable, miserable y deplorable, más aún cuando acosa a su propio trabajador por querer desempeñar su labor de forma honesta. Este compañero funcionario obtuvo un permiso para ausentarse un mes de su plaza con el fin de realizar actividades en una ONG, pero con reserva de plaza. Al regresar de nuevo, no se le reintegró a sus funciones, que eran las propias de Jefe del Departamento de Gestión de FPO, ni se le devolvió su despacho, pese a que lo solicitó en reiteradísimos escritos.

Todo comenzó para este funcionario cuando, en su labor de control de los cursos, detectó numerosas irregularidades y las denunció o también se negó a dar el visto bueno a determinados cursos impulsados por sindicatos, fundaciones o Ayuntamientos.

Aquí comienza su suplicio. Ante la tremenda presión psíquica a la que fue sometido, el funcionario tuvo incluso que darse de baja por depresión en varias ocasiones. Las declaraciones aportadas en el juicio respaldan la tesis de Montes y la propia Inspección General de los Servicios en un informe establece "que las personas entrevistadas, de forma mayoritaria reconocen que el denunciante no desarrolla función ninguna; que no se le ha permitido ocupar su anterior despacho (...). También existen coincidencias en los testimonios, que indican que la ubicación actual donde se le ha instalado es una antigua salida de incendios, sin ventilación, ni luz exterior y con un tabique que ha sido instalado con posterioridad que el denunciante se incorporará y que lo mantiene aislado de los técnicos de su departamento". Es más, la Inspección asevera las consecuencias del vacío de funciones sufrido por el compañero, cuyos efectos podrían incluirse en el concepto de acoso moral.

"El Tribunal concluye - afirma la sentencia - que por los superiores jerárquicos del funcionario ahora recurrente, y con la intención de que este pidiera su traslado a otro departamento, se le hizo objeto de un trato vejatorio, discriminatorio, alienante y humillante, consistente, fundamentalmente, no ya en no adjudicarle las funciones propias de Jefe del Departamento de Gestión de FPO, sino en apartarle de cualquier función en el Departamento e, incluso, ubicarle físicamente en un habitáculo inapropiado para despacho. Todo lo cual supone una violación de los derechos recogidos en los artículos 23.2 de la CE, que declara el derecho de los ciudadanos".

FUENTE: Libertad Digital